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martes, 3 de diciembre de 2013

Aprueban Reforma Política, se reeligirán políticos, sigue Pemex

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Contra el reloj, los senadores del PRI buscan aprobar la reforma energética antes del cierre de periodo el 15 de diciembre (Cuartoscuro/Archivo).
El pleno del Senado aprobó en lo general la reforma política, que incluye la reelección de legisladores y alcaldes y la creación de una nueva autoridad electoral, y la cual el opositor Partido Acción Nacional (PAN) puso como condición para discutir la reforma energética del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reforma política quedó aprobada por 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención, y en estos momentos se debate en lo particular.

El texto establece que los diputados federales podrán reelegirse en tres ocasiones y los senadores en una, de manera que puedan estar en sus cargos hasta 12 años. Para los diputados federales, la medida entraría en vigor para quienes sean electos en 2015, y para los senadores, para quienes resulten electos en 2018, según el dictamen votado.

En los estados, los congresos estarán obligados a ajustar sus leyes para permitir la reelección de sus legisladores locales y alcaldes, los primeros hasta por tres periodos y los segundos uno más.

Ese punto fue modificado respecto del dictamen original, que dejaba en manos de los congresos de los estados la decisión de legislar en la materia.

Además, la reforma política
crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE) y deberá coordinarse con los institutos electorales de los estados para organizar los comicios en las entidades.

El INE estará integrado por 11 consejeros nombrados por la Cámara de Diputados —dos más de los que actualmente tiene el IFE— y tendrá entre sus responsabilidades investigar posibles violaciones a la ley electoral a través de “procedimientos expeditos”, de los que deberá informar al Tribunal Electoral federal para que éste emita sanciones.

Además, se establece que la Procuraduría General de la República (PGR) será autónoma a partir de 2018 y se convertirá en Fiscalía General.

El dictamen fue consensuado entre el PRI y el PAN, en una negociación en la que no participó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La izquierda se retiró de la mesa porque considera que la reforma política es una “moneda de cambio” del PAN para apoyar al PRI en la reforma energética.

Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en el mismo sentido y dijo que la reforma política es sólo un “pretexto” para votar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

En contraste, priistas y panistas aseguraron que la reforma representa un avance para el régimen político de México.

La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que el PRI logró superar los “atavismos” que le impedían apoyar la reelección.

“Se logra esta verdadera representación ciudadana en primer término a través de la reelección legislativa inmediata y la reelección de ayuntamientos”, señaló por su parte el panista Raúl Gracia, presiente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Los senadores del PRD advirtieron el lunes que no participarían en la discusión en comisiones pero sí en el pleno.

El PRD, principal partido político de la izquierda, rechaza puntos como que se eleve del 2% al 3% el porcentaje mínimo de votos que un partido deberá obtener para conservar su registro, pues argumenta que eso lo afectará en más de 10 entidades donde tiene escasa presencia.

Además, los perredistas acusan al PAN de hacer un “trueque legislativo” con el PRI para apoyar la reforma energética del presidente a cambio de la reforma política.

Las fuerzas de izquierda se oponen a la reforma energética de Enrique Peña Nieto porque plantea abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera.

Para frenarla, el PRD busca convocar a una consulta popular en la materia, mientras el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, advierte que desde el miércoles
montará cercos a las sedes del Congreso para evitar la votación.