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lunes, 21 de octubre de 2013

Puebla: Repudian a legisladores por privatizar servicios de agua

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Puebla,.- “Se busca”, decía el cartel. Frente al palacio municipal el cartel sobresalía. 

Aparecía el escudo del Partido de la Revolución Democrática y la efigie del diputado del PRD Eric Cotoñete Carmona vestido de traje, sentado; detrás de él una bandera de México. “Por negociar con los recursos naturales de los poblanos”.

Así como el cartel remitiéndose al legislador perredista, también había carteles con los nombres y fotos de los otros 16 diputados que aprobaron “a rajatabla” la medida, sin consultar a los ciudadanos.

En otro volante se advertía sobre los riesgos de la medida que aprobó el Congreso: “¿Sabías que ya se privatizó el agua en Puebla? ¿Que tus adeudos serán considerados como créditos fiscales y de no pagar el servicio podrían embargar tus bienes?

Concesionar Soapap a particulares no es modernizar y mejorar, es privatizar”.

Los poblanos tomaron las calles para protestar en contra de la privatización del servicio del agua potable, medida aprobada por el Poder Legislativo, en fast track, el pasado 12 de septiembre, cuando los diputados votaron a favor del dictamen de la Comisión del Medio Ambiente por el que se reformaron distintos artículos de la Ley del Agua. 

La marcha partió del “Gallito” hacia el zócalo de la ciudad y, frente al palacio municipal, activistas como el abogado Abelardo Cuéllar advirtieron sobre el peligro de concesionar el servicio público del agua a particulares, porque aumentará los índices de pobreza en el estado, además de que con la nueva ley se pone a los poblanos deudores del servicio en situación vulnerable porque los adeudos del servicio de agua serán considerados créditos fiscales. 

“El agua es un derecho; el agua no es un negocio”, se podía leer en las pancartas. La convocatoria ciudadana fue creciente. 

Desde activistas hasta familias salieron a las calles de la ciudad para repudiar la privatización del servicio de agua. “En venta: petróleo, gas, minas, playas, CFE, agua, ni madres”, se leía en otra pancarta. Las figuras de los diputados que aprobaron la reforma privatizadora del servicio de agua encabezaban la marcha. 

Con la leyenda “Se busca”, impresa en gran formato junto con las fotografías de los diputados, los ciudadanos externaron su repudio a quienes aprobaron la privatización del servicio del agua, la cual, de acuerdo con los activistas, es violatoria de distintos lineamentos constitucionales y convenios internacionales que ha signado México, por lo que el otro camino es la vía legal. 

Familias de la ciudad de Puebla se expresaron en contra de la privatización del servicio de agua, que coloca a cerca de 25 servicios operadores de agua en riesgo de que sus servicios sean privatizados. 

Poco más de un millar de poblanos salieron a las calles desde “El Gallito” gritando consignas. A la defensa del agua se sumó la demanda por la defensa del petróleo. 

Además, los ciudadanos que quieran ampararse contra la privatización del agua tienen hasta el próximo 25 de octubre para hacerlo antes de las 23 horas. 

En Aguascalientes, el municipio concesionó por 30 años —vence en 2023— a una empresa subsidiaria de Vivendi la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Ésta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable. En la primera década de la concesión un estudio detectó problemas como aumento en la tarifa —que iniciaron antes de la concesión de los servicios, pero que fueron más significativos y constantes a partir de ésta—, y una fuerte presión para disciplinar a los usuarios mediante el pago por el servicio o suspensión del mismo.


En Saltillo, el manejo del servicio de agua potable lo hace una empresa mixta, en la que actualmente el municipio tiene 54 por ciento de las acciones y el resto Aguas de Barcelona, que pasó a ser parte del consorcio de la francesa Suez. Aquí se aprobaron incrementos a las tarifas de acuerdo con la inflación, pero esto no se respeta y se han hecho cobros indebidos; a la población se le corta el servicio con frecuencia y deben pagar una cuota por reconexión que resulta costosa, indicó Cindi McCulligh, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, quien agregó que además se ha privatizado el sistema de riego de parques y jardines; los colonos deben hacer un contrato con Aguas de Saltillo para que se encargue del servicio de esas áreas públicas, señala la página de los ciudadanos inconformes con la privatización.

De acuerdo al abogado Abelardo Cuéllar Delgado, los ciudadanos tienen hasta el próximo 25 de octubre para presentar un amparo en contra de la privatización del servicio de agua debido a que se trata de una medida anticonstitucional. 

Para realizarlo, se requiere copia del IFE y copia del estado o recibo de quien es titular, además de imprimir un formato de amparo que se encuentra en la página del grupo de Facebook denominado “La privatización del agua y del alumbrado público en Puebla”. Los ciudadanos podrán ampararse de manera individual o colectiva. 

De acuerdo con la argumentación del amparo, la privatización del servicio público del agua viola los artículos 4 y 115 de la Constitución, ya que las leyes vigentes protegen el servicio público del agua considerándolo un derecho humano fundamental.

En su alegato, el amparo señala que de acuerdo al artículo 115 constitucional: “III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

”Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (…)

”En el caso que nos ocupa sucede que: El servicio de agua es un cargo y función pública, que deben cumplir las autoridades y no particulares, como se pretende hacer en el decreto de ley que se combate.

”Como principio, el estado de Puebla, como lo señala el artículo 1° de su Constitución, es una entidad jurídica y política conformada de acuerdo a los principios de nuestra ley suprema y por ende, debe cumplir y ajustarse a las normas esenciales por ella establecidas. De tal manera que son lineamientos fundamentales que han de regir al municipio, de tal suerte, que los servicios públicos, como lo es el del agua, deben proporcionarse en forma accesible e indispensable como un derecho humano y primordial, y los facultados para garantizar y salvaguardar los derechos Humanos, son precisamente las autoridades y no los particulares. Ya que el proporcionar dicho servicio público, es vital para que la comunidad pueda desarrollarse, por lo menos con servicios mínimos, y en el caso que nos ocupa, no solo es necesario, es primordial para la existencia humana.

”No basta que el servicio de agua sea proporcionado, es necesario que se garantice su asequibilidad, y la facultada para ello es la autoridad, como lo ordena nuestro máximo ordenamiento, porque vivimos en un Estado de derecho. ¿No es así? Entonces las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a cumplir y respetar la ley.

”Más aún, el servicio de agua debe ser económicamente accesible, por ser fundamental e indispensable para la subsistencia humana, y como tarea del Estado, la de seguridad nacional.

”Nuestra legislación es muy clara al establecer, quienes están facultados para proporcionar el servicio de agua y jerárquicamente, corresponde a autoridades de los tres niveles de gobierno, según el caso, pero jamás dice ‘particulares’, como se pretende hacer en el caso que nos ocupa.

”La intención de los legisladores es proteger y brindar a sus connacionales el vital líquido en forma equitativa, justa, económicamente accesible, sin monopolio y, en este caso, se pretende que los particulares tengan el manejo y distribución, en tal caso, no tendrán el más mínimo respeto, monopolizarán, encarecerán el servicio de agua, sin restricción alguna, ante la mirada complaciente y connivente de las autoridades”.

Según los activistas en contra de la privatización del servicio del agua, la experiencia de la privatización del agua ha resultado totalmente lesiva para los ciudadanos en otros estados del país como Aguascalientes, Saltillo y Cancún porque al privatizarse el servicio del agua se aumentó el cobro hasta en 700, 900 y 300 por ciento, respectivamente.

“Ese será nuestro futuro si no hacemos algo para detenerlos. Se están llevando a cabo acciones para detener esta acción ilegal, ya que lo marca el artículo 4 de la Constitución de nuestro país: ‘Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho (…) estableciendo la participación de la Federación, entidades federativas y participación ciudadana (…)’”

Además, en el amparo que ha circulado entre ciudadanos poblanos se plantea que el quitarle al Poder Legislativo la capacidad de fijar las tarifas del servicio de agua para que las establezcan los particulares también es violatorio de distintas normas.

“Aunado a ello es pertinente destacar que en los considerandos de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, en la inteligencia que son los razonamientos esenciales para justificar la creación de la ley, se manifiesta lo siguiente:

”La Ley del Agua para el Estado de Puebla establece la necesidad de una estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras que en estricto respeto al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permita a los Prestadores de Servicios Públicos proponer las tarifas que serán aprobadas por el Congreso del Estado de Puebla, previendo como un compromiso de la autoridad con los grupos vulnerables, la existencia de tarifas específicas para gente de la tercera edad, jubilados, personas con discapacidad motriz, pensionados y enfermos terminales.

”Es evidente que la reforma aprobada el día 12 de septiembre del presente año va en contra del espíritu por el cual fue creada, toda vez que el dispositivo legal que se combate otorga a los prestadores de servicios la facultad de determinar y actualizar la estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas, sin requerir aprobación del Congreso.”